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El Observador
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Organizaciones de mujeres piden retirada de la ley de custodia compartida

viernes, 30 de enero de 2015


Medio centenar de organizaciones de mujeres han pedido al Ministerio de Justicia la retirada del anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar en los casos de nulidad, separación o divorcio por considerarlo "un auténtico disparate".

Las portavoces de las principales asociaciones feministas han explicado en rueda de prensa que uno de los motivos centrales de esta petición de retirada es la posibilidad de que los jueces puedan imponer excepcionalmente la custodia compartida, incluso cuando no haya acuerdo entre los progenitores y ninguna de las partes lo haya solicitado.

Han expresado su oposición frontal a la posibilidad de que un maltratador pueda tener la guarda y custodia o régimen de estancia, relación y comunicación con los hijos, si el juez lo considera conveniente.

Las representantes de las organizaciones de mujeres han arremetido contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por asegurar que "no es de recibo" otorgar la custodia compartida o permitir el derecho de visita a los hijos a quien está condenado por violencia machista, por lo que será un "factor importante" para que "se limiten los derechos" a las personas que cuenten con condena.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha anunciado movilizaciones si el Ejecutivo no retira el borrador, que desde su punto de vista no favorece ni a los menores, ni a las víctimas de violencia de género.

Besteiro ha señalado que el anteproyecto del Ejecutivo no va a proporcionar soluciones, sino que va a aumentar los conflictos para los ciudadanos que demanden la separación, la nulidad o el divorcio.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha acusado al ministro de Justicia de hacer "una broma pesada", además de incurrir en "contradicciones", al tiempo que ha rechazado la nueva regulación que ha definido como "un calco de las peticiones de pequeños grupos de hombres violentos".

El anteproyecto favorece la utilización de los hijos como instrumentos de venganza contra la mujer que pide el divorcio, ha asegurado Pérez del Campo, quien ha estimado que el texto del PP responde a una ideología "imperativa" alejada de un sistema democrático.

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha indicado que la posibilidad de conceder el régimen de visitas a un maltratador entra en contradicción con la legislación nacional e internacional.

La propuesta del PP no favorece la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la colaboración de los progenitores en el reparto de las responsabilidades y tareas de atención y cuidado que deben contar con el acuerdo de ambas partes, según Soleto.

El nuevo texto regula la custodia compartida como si estuviera prohibida en la legislación actual, cuando esto no es cierto, ha apuntado Soleto, quien ha precisado que la custodia compartida se aplica en más del 20 por ciento de los divorcios de mutuo acuerdo y se ha venido incrementando en los últimos años.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, el anteproyecto no responde a ninguna petición social, sino a "un número muy reducido de hombres, padres separados, algunos de ellos condenados por violencia".

Fernández ha considerado que el borrador "no se sostiene jurídicamente" y "pone en riesgo el bienestar de los menores", sin recoger las peticiones formuladas al Ministerio de Justicia por las organizaciones de mujeres o las objeciones planteadas por el Consejo General del Poder Judicial respecto al anteproyecto presentado en el año 2013.

 
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